Editorial del programa Razón de Estado número 103
La captura del Estado es un fenómeno común en los países que sufren el peor subdesarrollo de todos. El subdesarrollo político.
Las consecuencias son muchas, pero algunas de las más graves son la condena a la pobreza y la consecuente devastación social, política y económica que mantiene atrapadas a las naciones en el subdesarrollo.
No es casualidad que, en Guatemala, desde la apertura democrática, los actores en los escándalos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico han sido, y en muchos casos, siguen siendo, funcionarios públicos, diputados de varios partidos, alcaldes, candidatos presidenciales, algunos jueces y magistrados, vicepresidentes y presidentes; y por supuesto, actores de la vida privada en varios sectores de la sociedad. Muchos de ellos, hoy en prisión preventiva.
Los últimos 3 gobiernos de Guatemala profundizaron el subdesarrollo político y consolidaron las condiciones para que el Estado y sus instituciones estén al servicio de mafias criminales.
El gobierno que inició en 2020 y que solo lleva 6 meses en el Poder Ejecutivo, con todo y pandemia, tiene oportunidades extraordinarias; también tiene amenazas.
En los próximos meses se renovará el Sistema de Justicia. Las Cortes cambiarán autoridades. Si los grupos criminales logran su objetivo de tomar control y capturar la Justicia, no solo se perderán los pocos avances que hemos logrado, sino que Guatemala se irá degradando, aún más, como país, para convertirse en territorio sin derechos ni libertades, en territorio expuesto a la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda.
La clase política dominante, una clase política a la que le sobra ambición, le abunda el descaro y le falta prudencia, ha quebrantado el sistema democrático y criminalizado la política. Ahora intenta poner la justicia a su servicio para garantizar su impunidad.
Los ciudadanos y, en especial las élites, somos testigos pasivos y cómplices por omisión del desmantelamiento de las instituciones de la democracia, de la liquidación de la república y, si no despertamos a tiempo, y permitimos que las mafias secuestren la Justicia, perderemos nuestras libertades civiles y la posibilidad de vivir en un Estado de Derecho.
Por la forma en que se practica la política y por la actuación de la mayoría de los políticos, el ciudadano ha dejado de creer en la democracia.
La única opción que tenemos los ciudadanos de esta gran nación es recatar la ilusión por nuestro país, fortalecer sus instituciones y garantizar la vida en democracia, con respeto a la ley y con garantías para nuestras libertades ciudadanas.
Los ciudadanos debemos comprender que perder el Sistema de Justicia significa perder la protección de la ley.
Los grupos ejercen la política con frivolidad y oportunismo, con prácticas deshonestas y, muchas veces, abiertamente delictivas; socavan los valores de la democracia liberal y republicana y pasan encima de cualquiera por alcanzar sus objetivos.
Hoy tenemos a las bandas criminales intentando el secuestro de la Justicia, y vemos ya, a algunos de sus operadores, iniciar su campaña presidencial para 2023. No descansan. Su ambición no tiene límites.
La responsabilidad y la obligación de quienes creemos en la libertad y la democracia exige rescatar este presente abandonado y a la deriva, demanda promover la reforma que necesita nuestro Sistema de Justicia; y nos debe motivar a sentir el futuro como una oportunidad ilusionante, llena de promesas y esperanza.
