Editorial del programa 420 de Razón de Estado

La corrupción es más que robar dinero público; es deformar la relación entre el ciudadano y el Estado hasta que ambos dejan de reconocerse. El corrupto roba recursos; el corruptor compra decisiones. Uno vende la autoridad que le fue confiada y el otro adquiere privilegios que nunca debieron estar en venta. Entre ambos convierten la república en mercado negro.

El daño comienza por el presupuesto, pero no termina allí. Cada contrato amañado es una escuela que no se construye, una medicina que no llega, una carretera que se deteriora, una patrulla que no aparece, una familia que queda abandonada. La corrupción no es un delito abstracto. Tiene víctimas concretas.

Cuando los gobiernos están tripulados por corruptos, las prioridades públicas cambian de dueño. La salud deja de importar porque no genera comisión. La educación se abandona porque sus resultados tardan demasiado. La infraestructura se encarece porque hay demasiadas manos cobrando. La seguridad se debilita porque combatir al crimen exige enfrentar a socios incómodos. Y así, poco a poco, el Estado deja de servir a la sociedad y empieza a servirse de ella.

Los pícaros con sello oficial invocan el bien común mientras vacían las arcas.

La corrupción destruye confianza. Y sin confianza, no hay nación.

Cuando el ciudadano deja de creer en los políticos, en la justicia y en las instituciones que deberían protegerlo, aparece la peor de las desgracias colectivas: el “sálvese quien pueda”.

Ahí comienza la muerte moral de una sociedad.

La corrupción también expulsa talento, inversión y esperanza. Los mejores se cansan, los jóvenes emigran, los empresarios honestos compiten en desventaja y los criminales descubren que el poder puede comprarse.

La nación empieza a premiar al audaz sin escrúpulos y a castigar al decente. Y cuando esto ocurre durante años, la corrupción deja de ser una enfermedad del sistema y se convierte en el sistema mismo.

Por eso el corruptor merece tanta condena como el corrupto. Quien compra un ministro, un juez, un diputado o un alcalde no es un tipo hábil. Es cómplice del saqueo. Quien financia ilegalmente una campaña para cobrar después contratos, privilegios o impunidad no participa en política. La secuestra.

La lucha contra la corrupción no puede depender de discursos ni de campañas ocasionales. Exige instituciones independientes, justicia eficaz, transparencia y ciudadanos presentes.

La corrupción exige también una sanción moral proporcional al daño. Quien destruye de esa manera la confianza que sostiene a una nación comete algo parecido al asesinato de su alma. Ese debe ser el tamaño de nuestra condena.

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