Editorial del programa 414 de Razón de Estado

Una república puede soportar malos ministros, peores diputados y hasta una generación de gobernantes mediocres. Lo que no puede es sobrevivir si desaparece la justicia independiente porque cuando los jueces dejan de obedecer a la ley y obedecen al poder, el ciudadano pierde su último refugio y la nación se convierte en feudo de criminales. 

Los políticos corruptos lo saben. Por eso, antes de robar a gran escala, procuran capturar a quienes podrían juzgarlos. Desacreditan a los tribunales, reforman sus reglas, nombran obedientes, intimidan fiscales, fabrican expedientes y persiguen a los jueces que conservan conciencia.

Hablan de democratizar la justicia, pero en realidad quieren permiso para delinquir e impunidad para disfrutar del botín.

Esta gentuza no busca justicia; busca servidumbre judicial. Quiere magistrados que absuelvan al amigo, castiguen al adversario y mantengan bajo sospecha a periodistas, empresarios, opositores y ciudadanos incómodos. Retuercen la ley hasta convertirla en látigo. Inventan causas, filtran expedientes, prolongan procesos y hacen del acusado un rehén, aunque jamás puedan probarle delito alguno. Y cuando la mafia conquista los tribunales, no se limita a protegerse. Utiliza la toga para someter a los demás poderes del Estado. 

En México, con la elección popular de jueces, Morena politizó la justicia, la puso a su servicio y le dio el tiro de gracia a la democracia mexicana.  

En España, desde el Ejecutivo se multiplican los ataques contra jueces, fiscales, investigadores y organismos que después de descubrir la corrupción descarada del socialismo se niegan a mirar hacia otro lado.  

En Guatemala, hasta hace poco, desde el Ministerio Público y algunos tribunales se persiguió a operadores de justicia, periodistas y ciudadanos. La justicia, que debía perseguir a las mafias, terminó como herramienta de las mafias.      

Cuba, Nicaragua y Venezuela, con regímenes tiránicos y criminales, son el caso extremo.     

El daño no termina en la política. Sin certeza jurídica, la economía queda reservada para quienes tienen padrino, contacto o dinero para sobornar. El ciudadano honrado descubre que cumplir la ley no lo protege, mientras el delincuente aprende que la ley puede comprarse.

Por eso, defender la independencia judicial no es una preocupación de abogados. Es defender la libertad, el patrimonio, el trabajo y la dignidad de todos. La división de poderes no es un adorno constitucional, es la muralla que impide que el gobernante se convierta en dictador.

Los ciudadanos deben reaccionar antes de que sea tarde. Deben vigilar nombramientos, exigir transparencia, respaldar a jueces honestos y castigar electoralmente a quien intente colonizar la justicia. Porque cuando cae el último tribunal independiente, el ciudadano deja de ser ciudadano. Y pasa a ser súbdito.