Editorial del programa Razón de Estado número 322.

Vivimos tiempos de degradación moral, mediocridad cultural y contaminación criminal en la política y en el Estado. La democracia, la ley y la libertad son conquistas pasadas en vías de extinción. 

Por eso, es indispensable rescatar los valores liberales y republicanos en las instituciones cívicas y sociales; por eso, es preciso revalorizar la educación, pues escuelas y universidades han sido contaminadas con ideas fracasadas y demagogia emocional. Por eso, el ciudadano, y en especial las élites, deben decir presente en la vida cívica de sus países, con determinación y con firmeza para defender y promover los valores de la democracia, la justicia y la libertad.

Dice un filósofo que la mentira es la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo; y, con el aumento hoy en día de gobiernos autoritarios y dictaduras, la mentira, manejada por autócratas y tiranos, está liquidando la libertad de expresión.

A ellos se suman los mercenarios de las redes sociales, los que se dedican a la estafa, la manipulación y la calumnia.

Estas dinámicas destructivas nos han llevado a un mundo de autocensura, leyes mordaza, amenazas, persecución, encarcelamiento y hasta asesinato de activistas y periodistas que denuncian y exponen políticos corruptos que buscan silencio e impunidad. Así, desde palacios de gobierno, que se mezclan, se confunden y se entrelazan con el crimen organizado, los carteles y la delincuencia, la libertad de expresión, pilar de la democracia, está mortalmente amenazada.

Por eso, para que la democracia sea fuerte y efectiva, necesita ciudadanos con pensamiento crítico, con capacidad de diferenciar la verdad de la mentira y con el valor para defender la mayor de las libertades: la libertad de expresión, que no es una generosa concesión que los políticos de turno dan al ciudadano, sino un derecho humano indiscutible y determinante para la democracia.

En política, la razón y la sensatez, no la emoción y la pasión, son la clave para construir democracias de instituciones funcionales. Pero es indispensable un ciudadano bien informado, consciente de sus derechos y dispuesto a defenderlos para garantizar su libertad.