Editorial del programa Razón de Estado número 111

De la Constitución del 85 surgió una democracia republicana formada por ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones, con el fin de construir una nación próspera y con oportunidades para todos.  

A pesar de que en las páginas de nuestra Constitución se garantiza un sistema institucional y normativo en el que se proclaman nuestros derechos y libertades, no logramos encontrar las formas, la visión, los valores ni el consenso suficiente para edificar el país que queremos ni para alcanzar el bienestar al que aspiramos.    

Los expertos aseguran que las causas por las que unos pueblos alcanzan desarrollo y prosperidad y otros se quedan atrapados en la miseria, la incompetencia y la corrupción se explican en su nivel de institucionalidad democrática.  

Dicho en palabras más directas, el éxito de las naciones depende de la integridad, la fuerza y la independencia de sus instituciones.

 Hoy sabemos que el nivel de bienestar de los pueblos depende de su desarrollo institucional; de su desarrollo político. Es por esto que unas naciones son ricas y otras pobres.

Sabemos que el crecimiento económico y la solución a los problemas sociales dependen del funcionamiento del Estado, del respeto a la ley y de la observancia de la norma democrática.

Sabemos que el desarrollo necesita un marco de leyes y garantías que lo permiten y lo promueven. Necesita Instituciones que ofrecen la certeza jurídica y las seguridades que requiere un pueblo para prosperar; entre las que están el respeto a la propiedad, el libre intercambio de bienes y servicios, la efectividad en los servicios públicos y la igualdad de oportunidades.

Estos anhelos se resumen en una palabra, en una tarea, una obligación, la deuda que tenemos con nuestro país: Instituciones.  

 Ahora bien, si sabemos que la gran mayoría de nuestras instituciones, entre las que sobresalen el Congreso, parte del sistema de justicia, casi todo el ejecutivo y segmentos de las fuerzas de seguridad están capturadas y sirven de instrumento para fines corruptos y criminales; si lo sabemos y no hacemos nada para corregirlo, no podemos esperar que Guatemala prospere, avance y se desarrolle. Sin instituciones válidas, simplemente, es imposible. 

Este es el soberano acto de hipocresía de las élites de nuestro país. La traición de los que están bien; que son los menos. Unos por razones ideológicas, otros por corruptos y otros por ultraconservadores. Que nada cambie. Ellos están bien. Obviamente, la élite política es la más rancia y apestada. 

Guatemala parece estar atrapada en un laberinto del que no puede salir. Ese laberinto es nuestro subdesarrollo político, agravado por la indiferencia de las élites y la devastación que dejará la pandemia; un laberinto que nos enfrenta a un futuro de amenazas e incertidumbre.   

Si la mayoría de los partidos políticos son paraguas de bandas criminales, es evidente que debemos reformar la ley electoral. 

Si esas bandas criminales pretenden poner la Justicia a su servicio, es evidente que debemos fortalecer el Sistema de Justicia. 

Si queremos que el Estado proteja y esté al servicio del ciudadano, debemos dotarlo de una tecnocracia ejemplar y mejorar su administración. 

Sin embargo, lejos de construir esas Instituciones respetables, capaces y efectivas, estamos distraídos en otras cosas.  

Entonces, si sabemos que el éxito de las naciones depende de sus Instituciones, llegó la hora de construir una democracia liberal, republicana e institucional, a través de un proceso político valiente, limpio y transparente, vigilado por los ciudadanos.

Este es el camino si algún día queremos tener a Guatemala en el pedestal de la victoria, del éxito, del poder decir: misión cumplida.