Dionisio Gutiérrez hace un análisis de los factores que se deben tomar en cuenta para construir una democracia sana y una sólida economía.
Justicia, Estado de Derecho y certeza jurídica, tres factores esenciales para construir una democracia sana y una economía sólida... ¿Cuándo Centroamérica trabajará para ello?
En países desarrollados, el sistema de justicia es el pilar fundamental del sistema democrático. Funciona como un verdadero contrapeso del poder, y la certeza de castigo para quienes infringen la ley, es una realidad. El sistema de justicia en cuatro países de Centroamérica, por el contrario, dista mucho de alcanzar esos estándares. Cada año se registran en la región más
de 13.000 muertes violentas y más de 16.000 heridos con distintos tipos de armas. Se presentan más de 300.000 denuncias anuales por robo o por hurto; más de 15.000 denuncias por extorsión y más de 10.000 denuncias por violación, que unido a otros tipos de delitos llegan a totalizar más de 700.000 denuncias al año.
Las instituciones involucradas en el proceso de dar respuesta a esta demanda por seguridad y justicia, desde las Policías, pasando por las Cortes hasta los Sistemas Penitenciarios, tienen problemas, debilidades y retos monumentales. En Guatemala, por ejemplo, hay cinco jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en los países avanzados el estándar es de 15 jueces por cada 100.000 habitantes.
Los presupuestos destinados a los Sistemas de Justicia son, por demás, insuficientes. Hace falta mayor cobertura en cada país, personal mejor calificado y capacidad de ofrecer garantías de seguridad a los jueces, para protegerlos de presiones provenientes del crimen organizado o de grupos de interés.
Jueces, magistrados y otras autoridades del Sistema de Justicia en los cuatro países son electos bajo sistemas y procesos que todavía no logran garantizar independencia y continuidad. En EE.UU., país con larga trayectoria democrática, la designación de los jueces de la Corte Suprema la realiza el Presidente con la aprobación del Senado.
No se involucra a otras organizaciones académicas o gremiales. Pero la diferencia fundamental es que los magistrados son electos para un período de servicio indefinido. Si los jueces hacen bien su trabajo, mantienen el cargo durante toda su vida. Esto les permite estar ajenos a las presiones del partido político de turno y pueden tener una visión de largo plazo. En el caso de Guatemala, el hecho de que cada cinco años se renueven completamente las cortes impide darle continuidad a los procesos de largo plazo. Además, les da la oportunidad a los partidos en el poder de acumular una gran influencia en todo el aparato de justicia.
En otros países, es usual extender los períodos de nombramiento, pero, sobre todo, no renuevan a la totalidad de magistrados en una sola elección, sino que renuevan una fracción. Esto impide que el poder de turno termine nombrando a la totalidad de los miembros de las distintas cortes judiciales del país.
En el caso de los Sistemas Penitenciarios de la región, el último eslabón en la cadena de justicia, la falta de recursos y el poco control que se tiene sobre la población recluida permite que desde las cárceles se planifiquen secuestros, robos, asesinatos y extorsiones, entre otros delitos, perpetuando el círculo de la criminalidad.
La justicia y el Estado de derecho son fundamentales para el funcionamiento adecuado de un país y para la sobre vivencia de la democracia.
Es claro que los altos niveles de corrupción e inseguridad que sufre la región no podrán ser erradicados si no se construye una institucionalidad judicial profesional, eficiente e independiente. Fortalecer el sistema de justicia es uno de los retos más importantes.
