Editorial número 95 del programa Razón de Estado
En mayo de 1985, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, se reunieron en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, y reconocerlo como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación de un régimen de legalidad, justicia y libertad; dentro de un orden institucional estable y permanente donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho.
Palabras más, palabras menos, esta fue la introducción con que los diputados constituyentes decretaron, sancionaron y promulgaron solemnemente la Constitución del 85.
En aquellos días nos unían las causas de la democracia, el Estado de Derecho, la libertad, el desarrollo; hoy, además de una pandemia, nos separan intereses ideológicos, económicos; nos separan la corrupción, la impunidad; nos separa una cadena de traiciones a valores que juramos defender.
Hoy, desde sus trincheras, cada grupo, cada sector, jala y empuja para llevar agua a su molino al tiempo en que la nación guatemalteca se convierte en un desierto de pobreza, enfermedad, corrupción e impunidad.
Somos una sociedad quebrada, dividida; en medio de una pandemia, en medio de una guerra de intereses en la que está en juego la independencia de la justicia. Está en juego el Estado de Derecho; sin el cual, el desarrollo es imposible.
Como sociedad tenemos diferencias y conflictos no resueltos; pero hoy, la responsabilidad impone salvar las Cortes de Justicia para resguardar el frágil Estado de Derecho que nos queda.
Es cierto que hay señalamientos a magistrados del Tribunal Constitucional por responder a una agenda ideológica, alejarse de la ortodoxia económica, debilitar la certeza jurídica; ser obstáculo para el desarrollo socioeconómico de nuestro país.
Sin duda alguna, hay espacio para mejorar; pero, por el bien de Guatemala; por la democracia y el Estado de Derecho, se debe respetar y salvaguardar la absoluta independencia de la Corte Constitucional. Esta Corte tiene la última palabra sobre el sentido y el alcance de la Constitución y las leyes. Esta Corte debe ser las institución más respetable y respetada de la República. Virtudes que se ganan, es cierto; y para lo que habrá que seguir trabajando.
Ahora bien; la sobrevivencia de nuestro proyecto de República Democrática depende de que veamos la inmensa gravedad que representa el hecho de que candidatos a magistrados de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia respondan a políticos corruptos, a capos mafiosos y a delincuentes confesos como Sandra Torres, Baldizón, Pérez Molina o Gustavo Alejos.
La nación guatemalteca se enfrenta a esa peligrosa banda de grupos criminales que pretende asfixiar los escasos logros alcanzados en materia de Justicia para mantener el secuestro del Estado. Esta amenaza supone una agresión de tan enorme calibre al Estado de Derecho, que Guatemala corre el riesgo de condenarse a la irrelevancia al convertirse en un Estado criminal por décadas.
Los jueces son la conciencia de la nación. Cuesta creer que un grupo de juristas se quieran prestar a ser monaguillos o monigotes de una clase política corrupta y decadente. Esconder su vergüenza y destruir su reputación a cambio de un puesto en las cortes para proteger y proveer impunidad a la peor escoria de la sociedad a cambio de dinero les hace peores personas que sus protegidos.
Muchos de esos protegidos son diputados o dueños de diputados; por eso, no es casualidad que, desde las cárceles y desde el Congreso se conspira y se intenta el secuestro de la justicia.
Guatemala va a cambiar y va a construir una democracia de leyes e instituciones solo si estamos dispuestos a asumir el costo y los sacrificios que esto representa; pero hoy, debemos saber que somos una nación en riesgo de convertirse en un narco Estado criminal.
Un Estado Democrático y de Leyes que se respetan es una obra que solo se alcanzará a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas que se dan a respetar y que son garantes de la justicia, el Estado de Derecho y la libertad.
