El narcotráfico es una amenaza para la democracia y sus instituciones. Colombia fue el caso crítico de América Latina en los 90s por el Cartel de Medellín, con Pablo Escobar, y el Cartel de Cali.
Para entonces, se calculaba que el narcotráfico representaba entre el 3% y el 5% del Producto Nacional Bruto de Colombia. Fue la época del presidente Ernesto Samper, a quien se acusó de recibir dinero del narcotráfico.
Colombia fue ejemplo en la lucha contra el narcotráfico durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Pero la herencia del Gobierno de Santos deja un saldo negativo pues recibió la presidencia en 2010 con 60,000 hectáreas sembradas de cocaína y el año pasado rebasó las 200,000.
En Bolivia también hay aumento en la siembra de coca. Se calcula que en 2016 los cultivos incrementaron un 14% respecto de 2015; y aunque aún no hay cifras oficiales para 2017, se estima que la siembra sigue creciendo.
México lleva décadas de ser víctima del narcotráfico y la narcopolítica. Se calcula que cada año entran entre 30,000 y 40,000 millones de dólares por narco; cifra que casi duplica los 20,000 millones que ingresan en concepto de remesas. Para el año 2010, se afirmaba que el 72% de municipios estaban infiltrados con dinero criminal.
Guatemala padece de los mismos males. Informes serios sobre financiamiento de campañas electorales dejan claro que un 25% de fondos de las campañas tiene origen en el narcotráfico. Y un 50% de la corrupción.
El tráfico de drogas y la narcopolítica afectan a nuestra región con violencia, corrupción y la captura criminal del Estado; y lejos de ser un problema que se vaya a resolver, está empeorando.
Hoy en día, grandes sectores ciudadanos sienten que la política es una actividad sucia y mediocre; y que no es un lugar para los ciudadanos honestos y capaces.
El desprestigio de la política no conoce fronteras y se debe en gran medida a que ésta se alejó del ciudadano, de la ley y de la justicia; y la percepción es que a la política se acercan, en su mayoría, pícaros y oportunistas con bajo nivel moral, profesional e intelectual.
El narcotráfico se convirtió en el cáncer de la política, el sicario de la democracia y el causante principal de la implosión del Estado de Derecho. La devastación más evidente que éste provoca está marcada por la violencia, la pérdida de vidas, la corrupción y un Estado capturado y criminal. Pero, en especial, las drogas destruyen al ser humano, quebrantan la familia y desvalorizan la sociedad.
El narcotráfico dio vida a la narcopolítica, que gobierna en algunas naciones; y por eso, están condenadas al sufrimiento y al fracaso.
El caso más grave hoy en América Latina es Venezuela, el centro de tráfico de drogas más grande del mundo, manejado por una narcodictadura criminal que está provocando la crisis humanitaria más severa en la historia de América Latina.
Las drogas, con su poder corruptor y su violencia, son el gran combustible para que el ciudadano pierda interés y desprecie la vida pública, le provoque desapego a la ley y le incite a no respetarla. Así se han debilitado la confianza en la democracia y la esperanza en el futuro.
El camino a la salvación pasa por la revaluación de la política y por poderes del Estado que respondan a las necesidades de nuestro tiempo; y pasa también por el rescate del respeto a la ley y por la reivindicación de la democracia.
La política debe ser el lugar al que van los mejores; y la vida cívica, una responsabilidad ineludible para todos.
Si Centro América quiere alcanzar altos niveles de desarrollo y bienestar tendremos que empezar a hablar con seriedad y compromiso de legislación intachable y efectiva, de un sistema electoral funcional y transparente y de un Estado de Derecho a prueba de fuego.
Si Centro América quiere ser una región respetable y respetada, los centroamericanos debemos actuar como ciudadanos de naciones de verdad.
