Editorial número 96 del programa Razón de Estado

 

 

En medio de una pandemia que está devastando al mundo, y más a países como Guatemala; sin hospitales, sin recursos, sin los liderazgos suficientes; en medio de un tiempo en el que el Estado de Guatemala ha sido, y sigue siendo, presa y rehén de bandas criminales que se dedican al saqueo sistemático del presupuesto nacional, al narcotráfico, a imponer agenda ideológica, a la corrupción generalizada; en medio de la pandemia y el crimen organizado, nuestro país enfrenta un proceso de elección de magistrados para las cortes de justicia; las cortes que tienen como responsabilidad juzgar precisamente a los integrantes de esas bandas criminales; y condenarlos si son hallados culpables.

En medio de tanta sinrazón, las democracias de occidente observan asombradas cómo los guatemaltecos fuimos capaces de enredar la renovación de nuestras cortes de justicia a extremos que pocos entienden ya, dónde, cómo y desde cuándo, Guatemala está a pocos síntomas de ser un Estado secuestrado por narcos, capos, capitostes, bandidos y rateros.

El capítulo de la conspiración que hoy presenciamos se titula: “Elección de magistrados a las Cortes de Justicia y Apelaciones”; y aunque los interesados lo complicaron a propósito, se resume en tres hechos sencillos:

El primero es que el Ministerio Público descubrió que varios diputados, algunos electores de la comisión de postulación y aspirantes a magistrados de las cortes se reunieron con Gustavo Alejos; uñilargo alcahuete de Colom y Sandra Torres; operador de la mafia y gran capo del mundo criminal que usa de oficina de trampas el centro de detención donde guarda prisión preventiva, esperando a que lo juzguen los jueces que pretende colar en las cortes.

El segundo hecho es que el Ministerio Público presentó un amparo en la Corte Constitucional pidiendo que, por los vicios descubiertos, se anulara el proceso de elección de cortes; y como respuesta, el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso excluir a los candidatos a magistrados cuya “honorabilidad” fue comprometida por participar en reuniones con un capo mafioso en prisión preventiva.

El tercer hecho se da cuando un achichincle del pacto de corruptos, adulón y caradura, señalado de no apto para ser juez, denunció a 4 magistrados de la Corte Constitucional por la orden que dieron al Congreso de no incluir a los amigos de Alejos como candidatos a jueces.

Esa denuncia contra los 4 magistrados la tramitó con sospechosa eficacia la Corte Suprema de Justicia; como era de esperar y es su derecho, la Corte Constitucional se amparó contra esa decisión.

Resulta ahora que el escándalo o el crimen no es que un conocido criminal, que espera en el preventivo a ser juzgado, intente colocar los jueces que le juzgarán; sino que la Corte Constitucional se dio un amparo a sí misma para defenderse pues la atacaron porque quiere evitar que un bandido escoja jueces.

Algo no está bien en las sumas y las restas que algunos están haciendo. Es innegable que ciertos comportamientos y veredictos del Tribunal Constitucional han provocado disgustos, desgaste y pérdida de respeto por la máxima corte; pero la solución a esa disfunción es reformar el sistema, perfeccionar la política, subir el nivel del debate público; no destruir el poco Estado de Derecho que nos queda.

Si pretendemos y aspiramos a ser una República Democrática liberal; donde se respetan la vida, libertad, la propiedad; donde se diseña, se discute, se decide un modelo de desarrollo que responde a los valores liberales de occidente que han demostrado desarrollar naciones; si queremos ser ciudadanos de un Estado de instituciones, de un Estado de Derecho, donde prevalece la división de poderes, donde se ejerce el poder de la mayoría respetando los derechos de la minoría; si merecemos vivir en una nación libre; donde la libertad se aprecia como el valor primordial del ser humano; llegó la hora de enfrentar al enemigo que nos tiene condenados al fracaso: el subdesarrollo político.