Editorial del programa Razón de Estado número 126

Hay momentos en la vida de las naciones, como una grave crisis, un acontecimiento extraordinario, una decisión de Estado o una elección, que puede cambiar el curso de la historia y definir el destino de una generación.

Guatemala está en uno de esos momentos. En las próximas semanas, los 3 poderes del Estado, la Universidad de San Carlos y el Colegio de abogados elegirán a los 10 magistrados que formarán la Corte de Constitucionalidad para los siguientes 5 años. 

Esta elección marcará de forma determinante la próxima década en la vida política, la estabilidad nacional y la convivencia en nuestro país.

La Corte Constitucional es el guardián de la Constitución, es la máxima corte del país y la garante del orden legal, republicano y democrático.

De la legitimidad e independencia de esa Corte depende que restituyamos el respeto a la ley y rescatemos a la nación de la peligrosa deriva institucional en la que está. 

Durante los gobiernos de Colom y Sandra Torres, Pérez Molina y Morales, la democracia guatemalteca sobrellevó un gravísimo deterioro político; las instituciones del Estado sufrieron un vaciamiento brutal, en contenido y efectividad; y con la insuficiencia de un Estado de Derecho se profundizó la captura criminal del Estado.

Aquellos fueron 12 años de destrucción institucional y deterioro económico y social. Fueron años en los que se provocó una peligrosa pérdida de confianza en nuestra democracia republicana; una democracia que está atrapada en el círculo vicioso que provocan la corrupción y el narcotráfico a través de los partidos políticos que controlan.

La herencia de aquellos mal recordados gobiernos es el congreso de diputados que hoy tenemos. Un congreso controlado por una banda de cuatreros dirigidos por los capos de la mafia, captores del Estado. Queda poco qué decir de ellos.   

A esta tenebrosa realidad que ya es de pronóstico reservado, se sumó una pandemia, creando condiciones socioeconómicas devastadoras.  

Por eso y con más razón, la próxima elección de magistrados para la Corte Constitucional será el evento más importante de la próxima década.

Guatemala está en uno de esos momentos. La elección de la máxima Corte determinará si rescatamos o perdemos nuestra democracia en las garras de un Estado criminal. 

Un pueblo que quiera ser nación respetable y respetada no puede tener jueces que se venden a la corrupción a cambio de otorgar impunidad; o que sirvan a una agenda ideológica. 

Una república democrática necesita jueces y magistrados que hacen cumplir las leyes, defienden el Estado de Derecho y el interés nacional.

Cada gobierno deja una marca en la vida la nación. La elección de Cortes será, sin duda, el legado, para bien o para mal, del presidente Alejandro Giammattei.  

Guatemala necesita Cortes que impongan el Estado de Derecho, Cortes que den certeza jurídica y ofrezcan condiciones para la inversión, la creación de oportunidades y un crecimiento económico suficiente que permita aliviar la situación de pobreza, desempleo y desesperanza en que se encuentran millones de guatemaltecos.

La historia nos enseña que un pueblo harto de sus políticos termina arrasándolos. La historia nos confirma que los procesos reivindicativos son una realidad.

No estoy seguro si los extremos de cinismo y descaro al que han llegado diputados y políticos se deben a su ignorancia o a que tienen tanto que perder si hay Justicia en Guatemala que están dispuestos a incendiar el país.

Guatemala está en uno de esos momentos. Esperemos que priven el honor y la decencia para evitar una vez más que lo más cerca que estamos de La Justicia, es la vergüenza.